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La delegación que representa a Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha rechazado este viernes adoptar las recomendaciones de los estados miembros para encontrar una solución "pacífica, legal y democrática" a la crisis que vive el país desde abril de 2018.
Así, los representantes de Nicaragua en esta institución han rechazado 124 de las 259 recomendaciones que los países miembros, incluso aquellas dirigidas a acabar con la crisis que surgió a raíz de unas protestas contra una polémica reforma de la seguridad social.
En este sentido, las representaciones de otros países habían pedido a Nicaragua que respetase los Derechos Humanos y aplicara la justicia para los autores de determinadas masacres, entre otras exigencias, según ha informado el diario nicaragüense 'La Prensa'.
Además, estos países han propuesto a Nicaragua la ratificación del Estado a tratados internacionales y a mecanismos de defensa y de protección de los Derechos Humanos.
Sin embargo, Nicaragua ha anunciado que continuará con la ejecución de la "estrategia de seguridad soberana" y ciudadana para "brindar seguridad a la población, ya que ha permitido tener los mejores índices de seguridad en toda la región, bajo un ambiente de paz, seguridad y tranquilidad ciudadana".
El embajador permanente de Nicaragua ante la ONU en Ginebra ha anunciado que continuarán "fortaleciendo la protección y promoción de la libertad de expresión, asociación, prensa, información, derecho a reunión pacífica de conformidad con la ley, brindando todas las seguridades que se requieran".
Por otra parte ha afirmado que cumplirán los compromisos adquiridos para garantizar "elecciones libres, abiertas, transparentes y acompañadas para el año 2021".
CRISIS EN NICARAGUA
La crisis estalló en el país en abril de 2018 por las protestas contra una polémica reforma de la seguridad social, que crecieron rápidamente hasta exigir la "democratización" de Nicaragua, en lo que ha sido el mayor desafío a Ortega en sus quince años de gobierno.
Más de 300 personas murieron y otras cientos fueron detenidas. Expertos del sistema interamericano que viajaron al país para constatar la situación interna han recomendado en un informe juzgar al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la represión de las protestas.
El líder 'sandinista' ofreció entonces un diálogo nacional que fracasó por su negativa a convocar elecciones anticipadas. En febrero, las partes acordaron retomar las conversaciones y celebraron las primeras reuniones. Sin embargo, en mayo se suspendió de nuevo por acusaciones cruzadas de incumplimiento.
La Alianza Cívica había exigido al Gobierno que cumpliera su promesa de liberar a todos los presos políticos antes del 18 de junio. El Gobierno ha excarcelado a cuentagotas a unos 200 bajo la modalidad de "casa por cárcel", es decir, bajo una especie de arresto domiciliario.
Ante esta situación, la Alta Comisionada pidió al Gobierno de Nicaragua que "reanude de manera urgente un diálogo significativo e inclusivo, en consonancia con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, e implemente plenamente los acuerdos alcanzados con la Alianza Cívica en marzo de 2019".
Además hizo un llamamiento para que se garantice el ejercicio de las libertades de reunión pacífica, expresión y asociación; y se condene y sancione públicamente todo ataque o intimidación a los defensores de los Derechos Humanos, los líderes comunitarios, los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación, y a toda persona crítica con el Gobierno, entre otros.
Por último pidió al Gobierno que "tome medidas inmediatas para poner fin a la tortura y las detenciones arbitrarias y libere a todas las personas privadas de su libertad por manifestar opiniones críticas con el Gobierno, que se modifique la legislación penal para que sea congruente con las normas y estándares internacionales y que se asegure la pronta aplicación de las reformas electorales e instituciones destinadas a garantizar elecciones justas y transparentes", concluyó.